El salario mínimo subirá a 1.286 euros si el Gobierno llega a tiempo antes de las urnas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado el primer paso formal para subir el salario mínimo interprofesional en 2027. En la medianoche del miércoles publicó en su web, en trámite de audiencia pública, el proyecto de real decreto que eleva el SMI un 5,3 %, hasta 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas. Son 18.004 euros al año y 42,87 euros al día, frente a los 1.221 euros mensuales y 17.094 anuales vigentes. Para el trabajador que lo cobra, la diferencia es de 65 euros más en cada nómina.

La cifra no es todavía definitiva. Puede cambiar en función de las alegaciones y de la negociación con patronal y sindicatos, que no han firmado el texto. Pero fija una referencia clara y llega en un momento muy concreto: a poco más de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con la precampaña en marcha y el Gobierno decidido a aprobar la subida antes de que se abran las urnas.

Por encima de los expertos, por debajo de los sindicatos

Como en los últimos años, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encargó a una comisión asesora un informe sobre la cuantía. El encargo tenía dos condiciones: que la subida compensara al menos la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación y que el salario mínimo siguiera situado en el 60 % del salario medio, la referencia que establece la Carta Social Europea y que ha recordado el Comité Europeo de Derechos Sociales. La comisión entregó su informe el 3 de noviembre y recomendó un aumento del 4,9 %, equivalente a 60 euros al mes.

El ministerio ha ido cuatro décimas más allá. La diferencia es pequeña en euros, apenas cinco al mes, pero tiene una lectura política. CCOO y UGT mantienen su exigencia de una subida del 7 %, y el texto se acerca a ellos sin alcanzarlos. A las organizaciones empresariales les traslada otro mensaje: si vuelven a quedarse fuera del acuerdo, como ocurrió en ejercicios anteriores, la subida puede superar lo que proponen los técnicos. En la reunión del diálogo social celebrada el miércoles, según la información publicada, Trabajo se limitó a presentar la propuesta de los expertos, sin cerrar ningún pacto.

«Son 65 euros más al mes para unos 2,5 millones de personas, si el calendario lo permite.»

Una carrera contra el calendario

El plazo para presentar alegaciones empezó este jueves y termina el 16 de noviembre, con la campaña electoral ya iniciada. Eso deja dos ventanas posibles. La más temprana es el Consejo de Ministros del 17 de noviembre, un margen muy ajustado para revisar las observaciones recibidas. La más tardía sería el 24 de noviembre, cinco días antes de la votación. Si la aprobación no llega en esas fechas, la decisión quedaría en manos de un Gobierno en funciones o del Ejecutivo que salga de las urnas, que podría aplicarla con carácter retroactivo desde el 1 de enero una vez constituidas las nuevas Cortes.

El calendario no es un detalle técnico. El salario mínimo se ha convertido en una de las banderas de las legislaturas recientes: desde 2018 ha pasado de 736 euros en catorce pagas a los 1.221 actuales, un aumento acumulado superior al 60 %. Aprobar una nueva subida antes de la votación permite al Gobierno presentarla como un hecho y no como una promesa.

Lo que no cambia: la letra pequeña de los pluses

El borrador mantiene el sistema de absorción y compensación. En la práctica, significa que la revisión no afecta a los sueldos que, sumados todos sus conceptos y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros. Solo deberán subir los salarios que queden por debajo de ese umbral, y solo hasta alcanzarlo. Un trabajador cuyo sueldo base esté cerca del mínimo pero que cobre complementos por antigüedad, turnos o productividad puede no notar ninguna mejora, porque la empresa puede absorber la subida con esos pluses.

Los sindicatos llevan tiempo pidiendo que se reforme esa regla, y habían dejado entrever que aceptarían una subida inferior al 7 % si Trabajo impedía que las empresas compensaran el aumento de esa manera. Por ahora, el texto conserva la normativa vigente. También incluye una cláusula de no afectación para que el nuevo importe no se traslade automáticamente a las normas autonómicas y locales que usan el SMI como referencia para ayudas, tasas o umbrales de acceso a prestaciones.

La cuestión fiscal, pendiente

El borrador tampoco aclara si el nuevo salario mínimo quedará exento del IRPF. En 2026, el choque entre Trabajo y Hacienda sobre si los perceptores del SMI debían tributar se resolvió con una deducción específica en la cuota del impuesto, que evitaba que parte de la subida se perdiera en retenciones. Lo previsible es que el Ministerio de Hacienda diseñe un mecanismo similar para 2027, pero no figura en el texto sometido a audiencia.

Una subida con la inflación al fondo

El aumento propuesto supera las previsiones de inflación media para este año, que se sitúan en torno al 3,7 % y el 3,9 %, aunque el índice de precios llegó en octubre al 4,9 % interanual impulsado por la energía. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé un crecimiento del 2,6 % este año y del 2,2 % en 2027, con el consumo de los hogares como principal motor. Para quienes cobran el mínimo, una subida por encima de los precios significa recuperar algo de poder de compra después de meses en los que la factura de la luz y la cesta de la compra han apretado.

Las organizaciones empresariales, por su parte, han advertido en anteriores revisiones del efecto de los aumentos sobre el pequeño comercio, la hostelería y el campo, los sectores donde más trabajadores cobran el salario mínimo y donde los márgenes son más estrechos. Ese debate volverá a aparecer en las alegaciones.

Lo que queda por delante son once días de alegaciones, una negociación sin acuerdo cerrado y una campaña electoral que convertirá cada cifra en argumento. Para unos 2,5 millones de trabajadores, la cuestión es más sencilla: si en la nómina de enero aparecerán 65 euros más y cuántos de ellos llegarán de verdad al bolsillo.

Redacción · Economía