Gobernar sin mayoría: la aritmética del Congreso se ha convertido en la verdadera política española

En el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo hay una cifra que lo explica casi todo: 176. Es el número de diputados necesario para la mayoría absoluta en una cámara de 350 escaños, y hace más de una década que ningún partido se acerca a ella por sí solo. Desde las elecciones de 2015, que pusieron fin a tres décadas de alternancia entre dos grandes formaciones, la política española se ha convertido en un ejercicio permanente de aritmética parlamentaria.

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 confirmaron la tendencia. El reparto de escaños obligó a una investidura que solo fue posible tras semanas de negociaciones con varios grupos, algunos de ellos nacionalistas e independentistas, cuyos votos resultaron decisivos. El precio político de aquellos acuerdos, empezando por la ley de amnistía aprobada en 2024, ha marcado buena parte de la legislatura y ha polarizado el debate público como pocas veces desde la Transición.

Votación a votación

La consecuencia práctica es un Gobierno que no puede dar nada por hecho. Cada proyecto de ley exige reunir una mayoría distinta, y no son raras las derrotas parlamentarias o los decretos que deben retirarse en el último momento por falta de apoyos. Los grupos minoritarios, conscientes de su peso, condicionan su voto a contrapartidas concretas: inversiones territoriales, transferencias de competencias o cambios en el texto de las leyes.

Sus defensores sostienen que este modelo obliga a negociar y a buscar consensos más amplios, como ocurre en buena parte de Europa. Sus críticos replican que ha convertido la gobernabilidad en un mercado de intercambios donde el interés general queda en segundo plano y donde partidos con una representación muy pequeña obtienen una influencia desproporcionada.

«En una cámara sin mayorías, cada escaño vale exactamente lo que alguien esté dispuesto a pagar por él.»

Sin presupuestos

El síntoma más visible es la dificultad para aprobar las cuentas públicas. Los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023 han tenido que prorrogarse en los ejercicios siguientes, una situación que no impide el funcionamiento de la Administración, pero sí limita la capacidad para lanzar nuevas políticas y obliga a gobernar a golpe de decreto ley y de modificaciones de crédito.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos sufren también las consecuencias: la financiación que depende de partidas nuevas queda en suspenso, y la planificación de inversiones se complica. Economistas y organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han advertido en reiteradas ocasiones de los riesgos de la prórroga indefinida de las cuentas.

Las lenguas del hemiciclo

La fragmentación ha traído además cambios simbólicos de calado. Desde septiembre de 2023, los diputados pueden intervenir en catalán, euskera y gallego en el Congreso, con traducción simultánea, una reforma del reglamento que fue parte de las negociaciones para la constitución de la Mesa de la Cámara. El Gobierno solicitó también que esas lenguas sean oficiales en la Unión Europea, una petición que exige la unanimidad de los Estados miembros.

Sea cual sea el signo del próximo Gobierno, los politólogos coinciden en que el multipartidismo ha llegado para quedarse. La pregunta ya no es si volverán las mayorías absolutas, sino si el sistema político sabrá dotarse de las reglas y la cultura de pacto que exige un Parlamento fragmentado. Hasta ahora, la respuesta ha sido, en el mejor de los casos, parcial.

Mientras tanto, los ciudadanos asisten a una política en la que las votaciones decisivas se resuelven a menudo en el último minuto. Esa incertidumbre tiene costes: inversores, administraciones y empresas necesitan reglas estables para planificar. Recuperar esa previsibilidad, con mayorías amplias o con acuerdos de legislatura, es quizá el mayor reto institucional del país.

Redacción · Política